Doing Bussines

República Argentina

1. Perfil de país

Argentina está situada en el extremo sur del continente americano, siendo el octavo país más grande del mundo y el segundo de América Latina en términos de extensión territorial. Posee una superficie continental de 2,8 millones de km2 y con 969 mil km2 en el continente antártico. La superficie continental se extiende 3.694 kilómetros de norte a sur (entre el paralelo 21º y el 55º) y 1.423 kilómetros de este a oeste (entre el meridiano 53º y el 63º). Argentina tiene acceso al Océano Atlántico Sur y, a través del Estrecho de Magallanes, al Pacífico Sur. El país limita al este con la República Oriental del Uruguay, la República Federativa del Brasil y el Océano Atlántico; al oeste y al sur con la República de Chile; y al norte con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay. Su posición geográfica le brinda acceso directo a un mercado regional de 240 millones de personas, que se suman a sus más de 40 millones de habitantes.

La Constitución Argentina adopta la forma de gobierno republicana, representativa y federal.

La forma de gobierno federal establece la división del poder entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, garantizando su autonomía. En este sistema coexisten el gobierno nacional, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la Nación, y los gobiernos provinciales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente a sus respectivos territorios. La división política del territorio argentino comprende 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual posee un régimen especial de autonomía. Por su parte, las provincias dividen su territorio en municipios; algunas de ellas también se dividen en departamentos.

La organización política del país está basada en la tradicional división republicana de poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

2. Inversiones

2.1 Normativa nacional de inversiones extranjeras.

En la República Argentina, tanto los inversores como las inversiones extranjeras gozan de una amplia protección legal, garantizada por un abanico normativo nacional e internacional que posiciona a nuestro país como un destino seguro para las inversiones y los inversores extranjeros. La Constitución Nacional brinda a los extranjeros un trato igualitario desde su Preámbulo, y les reconoce los mismos derechos que a los nacionales en su artículo 20.

La Ley de Inversiones Extranjeras N° 21.382 define el marco legal que rige para la inversión extranjera en el país. Esta ley tiene como destinatarios a los inversores extranjeros que inviertan capitales en Argentina, en cualquiera de las formas establecidas en la misma, destinados a la realización de actividades de índole económica (industrial, minera, agropecuaria, comercial, financiera, de servicios u otras vinculadas con la producción e intercambio de bienes y servicios) o a la ampliación o perfeccionamiento de las actividades existentes, sin necesidad de aprobación previa alguna.

La ley determina que dichos inversores tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen para los inversores nacionales.

En este sentido, la Ley 21.382 establece que los inversores extranjeros tienen derecho a: transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión; utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación nacional; hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional.

2.2 Contratación pública

Para poder constituirse en proveedor del Estado se debe cumplimentar el procedimiento de registración en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), registro donde deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional.

A través del Portal web “comprar.gob.ar” se podrá observar y participar de procesos de contrataciones públicas.

3.Control cambiario

Argentina cuenta con un Mercado único y Libre de Cambios (MULC) por el cual se cursarán todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras, (ingreso y egreso) que serán realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado, y deberán sujetarse a los requisitos y a la reglamentación que establezca este Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Como resultado del proceso de flexibilización del mercado de cambios, la operatoria cambiaria se rige por un ordenamiento de normas sobre exterior y cambios.

Entre las principales características de dicha normativa, se destaca:

– Todas las personas humanas o jurídicas, patrimonios y otras universalidades pueden operar libremente en el mercado de cambios, se trate de residentes o no residentes.

– En todas las operaciones de cambio, canje y/o arbitraje que se cursen por el MULC, deberán intervenir entidades financieras o cambiarias autorizadas por el BCRA, debiendo cumplir con las normas que resulten aplicables a cada tipo de operación de que se trate.

– Las operaciones se realizarán al tipo de cambio libremente pactado por las partes.

– Para el comercio entre estados partes del MERCOSUR se aplica el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML).

– Entidades  deben cumplir con los requisitos de identificación de sus clientes y el registro de las operaciones ante el BCRA.

4.Régimen Societario

En el ordenamiento jurídico argentino existen diversas figuras jurídicas societarias que permiten realizar operaciones económicas en Argentina, sea mediante la participación en sociedades locales o bien a través del establecimiento de una sucursal de la compañía extranjera en el país.

Asimismo, el inversor extranjero debe conocer en primer término las diferencias que existen con relación al régimen de responsabilidad entre las sociedades locales y las sucursales de compañías extranjeras.

En este sentido, las sucursales de sociedades extranjeras se caracterizan por ser una mera descentralización administrativa de la sociedad matriz sin independencia jurídica, es decir, la sucursal no constituye una persona jurídica distinta de la sociedad extranjera, ni es un centro de imputación diferenciado de derechos y obligaciones. Por lo tanto, la sociedad extranjera responderá con todo su patrimonio por las obligaciones que la sucursal no pudiese afrontar. Sin embargo, la sucursal tendrá cierta autonomía y organización funcional, conducida por el representante legal de la sucursal que designe la matriz.

Por el contrario, las sociedades locales constituyen entidades diferenciadas de sus socios y limitan su responsabilidad a la participación en el capital social.

Efectuada la aclaración, a continuación, esbozamos un detalle de los vehículos de inversión más utilizados para desarrollar actividad económica en Argentina.

4.1 Establecimiento de una sucursal de la entidad extranjera en la República Argentina.

Una entidad extranjera existente y organizada de acuerdo con las leyes de su país de constitución puede establecer una sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en Argentina.

Para ello, deberá: (i) registrar sus estatutos ante el Registro Público correspondiente a la jurisdicción donde realizará el ejercicio habitual de su actividad comprendida en el objeto social de la matriz; (ii) acreditar que se encuentra debidamente registrada y vigente de acuerdo con las normas de su país de constitución y que la actividad principal de la entidad se desarrolla fuera de la República Argentina.

Para que la sucursal pueda realizar en la República Argentina, las actividades comprendidas en el objeto social de la casa matriz no resulta obligatorio asignarle un capital determinado, salvo que leyes especiales así lo dispongan. Esto último ocurre, por ejemplo, con las entidades financieras, entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y ahorro.

Por su parte, la sociedad matriz deberá designar uno o más representantes legales, únicos sujetos legitimados para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones de la sucursal.

El o los representantes legales deberán ser personas humanas y asumirán las responsabilidades correspondientes por su actuación. En todos los casos el régimen de responsabilidad se asemejará al tratamiento que reciben los directores de las sociedades anónimas. Resulta aconsejable el nombramiento de al menos un representante legal con residencia en Argentina a efectos de interactuar con los organismos fiscales y administrativos del país.

Finalmente, la sucursal deberá llevar contabilidad separada respecto de su casa matriz y presentar sus balances anuales ante el Registro Público correspondiente. La normativa aplicable regula únicamente la unidad de actuación local en Argentina respecto de los negocios que aquí se desarrollen.

4.2 Constitución y/o participación en una sociedad local

Para constituir y/o participar en una sociedad local argentina, la entidad extranjera debe primero registrar sus estatutos y acreditar su vigencia en el Registro Público de la jurisdicción correspondiente.

Efectuado su registro, podrá constituir o participar en una sociedad local conforme uno de los tipos previstos por la legislación argentina.

Los tipos societarios más utilizados para desarrollar actividad comercial en la República Argentina son las sociedades anónimas (SA) o sociedades anónimas unipersonales (SAU); las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y las sociedades por acciones simplificadas (SAS). Dichos tipos sociales se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 (“LGS”). Por su parte la SAS se encuentra regulada en la ley de “Apoyo al Capital Emprendedor”. Existen otros tipos sociales en la LGS que, por cuestiones de responsabilidad o de inconveniencias en la organización, han quedado prácticamente en desuso.

En cualquier caso, existen características generales aplicables a todos los tipos sociales:

– Registro Público – domicilio de la sociedad. En nuestro régimen jurídico cada estado provincial organiza y lleva el Registro Público de comercio y ejerce el correspondiente contralor en determinadas sociedades.

– Cantidad de Socios. La normativa societaria argentina dispone que una sociedad local puede tener uno (SAUSAS) o más socios (SA, SRL o SAS).

– Participación sustancial del socio minoritario. Es importante mencionar que la IGJ ha dictado normas reglamentarias que exigen una participación sustancial del socio minoritario en caso de una sociedad de dos socios. Este requisito de sustancialidad se cumplirá en caso de que el socio minoritario adquiera una participación como mínimo del 5% en el capital social de la sociedad.

– Registro previo de socios extranjeros. Para constituirse como socios/accionistas de sociedades locales, las personas jurídicas extranjeras deben inscribirse previamente. Tal requisito no resultará exigible para las personas físicas residentes fuera de la República Argentina, pero si será necesario en este caso obtener ante la AFIP (autoridad fiscal argentina a nivel nacional) una clave de identificación.

– Capital Social. En todos los casos, el capital social deberá suscribirse íntegramente al momento de la constitución de la sociedad local e integrarse al menos el 25% del capital en dicha oportunidad. El aporte del capital puede efectuarse en dinero en efectivo o en especie.

-Autoridades Societarias. Los administradores de la sociedad local deberán elegirse al momento de constituirse la sociedad y, luego, en la reunión de socios correspondiente. La mayoría absoluta de los administradores deberán tener domicilio real en la República Argentina y todos ellos deberán constituir un domicilio especial en la República Argentina y obtener una clave de identificación tributaria.

En el caso de la SAS la ley dispone que al menos uno de los administradores deberá tener domicilio real en la Argentina y los extranjeros obtener una clave de identificación y designar un representante en Argentina.

Cada administrador deberá constituir una garantía por el ejercicio de sus funciones, lo más usual es contratar un seguro de caución en una compañía de seguros.

4.3 Trámite de inscripción de sociedades locales.

Para constituir y registrar una SA, SAU o una SRL resulta necesario preparar previamente la documentación solicitada por la normativa aplicable, coordinar firmas en escritura pública (SA y SAU) o firma certificadas (SRL), suscripción de otros documentos, publicación de avisos en el Boletín Oficial y luego efectuar la presentación ante el Registro Público correspondiente. La duración del trámite dependerá del tipo de solicitud que se requiera: (i) urgente, demora 24 horas (estatutos tipos) o (ii) común demora aproximadamente 15 días hábiles.

En cuanto al registro de las SAS, mediante procedimiento urgente (24 hs), se realiza por medios digitales a través de la carga de los datos personales de los socios, administradores, síndicos (de corresponder) y/o representantes de administradores o socios (de corresponder). El pago de tasas y formularios, integración del capital, obtención del registro de la sociedad, la obtención de una clave de identificación tributaria (CUIT) y cuenta bancaria. Resulta dable destacar que este tipo de trámite  es posible mediante la utilización del estatuto tipo brindado por la IGJ.

5.Régimen laboral y previsional

5.1. Contrato de Trabajo (Ley 20744)

A los fines de esta ley, constituye trabajo, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres.

Plazo Indeterminado: el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado, salvo que su término fijado en forma expresa o por la modalidad de la tarea o actividad.

Período de Prueba: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros TRES (3) meses de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar.

Plazo determinado: el contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, no pudiendo celebrarse por más de cinco (5) años.

Deber de preavisar – Conversión del contrato: El plazo del preaviso varia, según se trate de un contrato de plazo indeterminado o determinado.

El despido del empleado antes del vencimiento del plazo genera la obligación del pago de una indemnización en las condiciones fijadas por la ley.

Remuneración: se entiende a la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél. El valor del salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina lo determina el consejo del salario, quienes para Julio de 2019 lo han determinado en $12.500 lo que equivale aproximadamente a USD 284 (TºCº del peso argentino de alrededor de un poco más de $ 44).

Además, se establece la obligación de ingresar el sueldo anual complementario, que representa la doceava parte del total de las remuneraciones, percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario.

El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

La ley define cuales son los beneficios Laborales y tiempos de estos: vacaciones, licencias especiales, maternidad.

5.2. Seguridad Social -Ley Nº 24241

El sistema de Seguridad Social cubre a todas las personas que presten servicios bajo el régimen de empleo, dentro del territorio argentino, de manera permanente o temporal.

Los empleadores locales deben depositar mensualmente las contribuciones patronales y a las retenciones a los empleados con destino a la Seguridad Social Nacional y al Sistema Nacional de Obras Sociales.

Las contribuciones patronales, soportadas por el empleador, se calculan sobre el total de las remuneraciones brutas pagadas menos un mínimo no imponible llamado detracción que para el año 2019 es de $ 7003.68.

Los porcentajes de las contribuciones patronales están estipulados en un 26.40% sobre las remuneraciones brutas para las a empresas cuya actividad principal consiste en prestar servicios o comercio y no sean consideradas PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas). Para el resto de las empresas el porcentaje de contribuciones patronales es de 24%.

Las empresas se consideran PYMES según su facturación y la cantidad de empleados en nómina ver precedentemente en Incentivos fiscales).

Para los próximos años está establecido que estos porcentajes se equiparen y que el monto de la detracción aumente según el siguiente esquema:

Retenciones al empleado
La tasa de retención que todo empleador debe practicar sobre la remuneración a sus empleados es de un 17% distribuido de la siguiente manera:

• 11% al Fondo de Jubilaciones.
• 3% al Sistema de Salud.
• 3% a los Servicios Sociales.

Seguros a cargo del empleador
Por ley, los empleadores deben pagar, dos seguros obligatorios: a) seguro de vida obligatorio: es un monto fijo por empleado, valor actual $ 14.90. Este seguro es cobrado por los derechohabientes del trabajador y b) seguro de riesgos laborales: cubre los salarios que deban pagar al empleado que se haya accidentado desempeñándose en sus tareas laborales y las contribuciones patronales por esos días. El pago es un porcentaje determinado por la superintendencia de riesgos del Trabajo según la actividad de la empresa.

6.Sistema tributario

6.1 Impuestos nacionales

Impuesto a las ganancias (LIG)

El impuesto a la renta argentino adopta el criterio de renta mundial, dado que alcanza las ganancias de fuente argentina y extranjera obtenidas por los sujetos residentes en el país. En el caso de las rentas de fuente extranjera y sin perjuicio de la

aplicación de los Convenios Internacionales vigentes (punto 9), se podrá computar como crédito de impuesto el impuesto análogo efectivamente pagado en el exterior.

Empresas

Cuando se trate de empresas, se considera como beneficio gravable a todo incremento patrimonial, sin importar su habitualidad o eventualidad o causa.

A través de la última reforma fiscal en Argentina (Ley Nº 27.430 de diciembre de 2017), se ha reducido la tasa del impuesto sobre las sociedades al 25%. Sin embargo, la mencionada reducción se ha implementado en dos etapas: para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2018 se aplica la alícuota del 30% (la tasa anterior era del 35%), mientras que para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1/1/2020 la alícuota a aplicar será del 25%. Para compensar el efecto de esta reducción, paralelamente se establece una retención sobre los dividendos distribuidos aplicando sobre los mismos la alícuota del 7% cuando se trate de resultados obtenidos en los ejercicios fiscales que iniciados a partir del 1/1/2018, y del 13% cuando se trate de resultados obtenidos en ejercicios fiscales que inicien a partir del 1/1/2020. No obstante, los dividendos que una empresa del país distribuya a favor de otra empresa del país no están alcanzados por la aludida retención, sin importar el ejercicio en el cual se originaron los resultados.

Tratándose de residentes del país, no existe ningún tratamiento diferenciado ya se trate de capital nacional o extranjero. En general se consideran residentes del país a las sociedades constituidas en el mismo, sin importar el origen de su capital. Asimismo, se consideran residentes del país a los establecimientos estables o sucursales que realizan actividades en el país y que pertenecen a sociedades o sujetos del exterior.

Las empresas pueden deducir en general todos los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la renta gravada. Sin embargo, se establecen ciertas limitaciones a la deducción de los siguientes gastos:

a) Gastos de representación: hasta el 1,5% de los sueldos pagados en el ejercicio.
b) Honorarios de administradores y síndicos: hasta el 25% del resultado del ejercicio o $12.500 por beneficiario, el monto que resulte mayor.
c) Los honorarios y sueldos de administradores que actúen en el extranjero: hasta el 12,5% del resultado (se reduce al 2,5% si no se distribuyen dividendos).

d) Honorarios por asesoramiento técnico prestado desde el exterior: hasta el 3% de las ventas o el 5% de la inversión, según corresponda.
e) Amortizaciones de automóviles: hasta un valor de adquisición de $20.000.
f) Gastos de mantenimiento de automóviles: hasta el monto anual de $7.200 por automóvil.
g) Intereses financieros y diferencias de cambio con empresas vinculadas (del país o del exterior): Hasta el 30% del resultado del ejercicio (antes de deducir los cargos financieros mencionados, y el impuesto a las ganancias y considerando las amortizaciones a su valor impositivo), o el monto de $ 1.000.000, el monto que resulte mayor. De existir un excedente de resultados financieros que no pudiera deducirse en un determinado ejercicio fiscal, se podrá trasladar el saldo para su posible deducción dentro de los 5 ejercicios fiscales siguientes. Esta limitación no se aplica a las entidades financieras, a quienes tengan por objeto las actividades de leasing, y a las empresas de un mismo grupo económico cuando se demuestre que la relación entre los intereses y la ganancia resulte inferior al ratio que se manifiesta dentro del grupo económico. Tampoco se aplicará la limitación cuando se acredite que el beneficiario de los intereses ha pagado el impuesto o se le ha retenido el mismo.

Se contempla medir los resultados de la inflación, sólo en aquellos ejercicios fiscales en los cuales se verifique que la inflación operada en los últimos 3 ejercicios (incluyendo el que se analiza) resulte superior al 100%. Como norma de transición, se estableció que se aplicará el mecanismo de ajuste para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2018 cuando la inflación del mismo supere el 55%, para el siguiente ejercicio cuando la inflación resulte superior al 30% (verificándose una acumulación del 85%) y para el tercer ejercicio cuando la inflación del mismo supere  el 15% (inflación acumulada de los 3 ejercicios supere el 100%).

Precios de Transferencia

La LIG dispone el control de los precios de transferencia de las operaciones realizadas con personas humanas o jurídicas, patrimonios o entidades vinculadas constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior o con sujetos residentes en jurisdicciones de nula o baja tributación (JBNT) o no considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal” (JNC), aun cuando no exista vinculación económica con los mismos.

Se aplican reglas similares a las contenidas en las Guías de Precios de Transferencia de OCDE, las que actúan como pauta interpretativa, pero careciendo de vigencia formal.

Debe presentarse ante la AFIP información anual en tres niveles: local file, master file y country by country report. Las empresas subsidiarias de grupos multinacionales deben presentar anualmente información sobre la situación de la última sociedad controlante frente a la obligación de presentar el CBC Report y, en su caso, presentar dicho informe en forma directa.

Existen regulaciones especiales para las importaciones y exportaciones efectuadas a través de empresas intermediarias vinculadas con el contribuyente argentino o con el exportador o importador del exterior y también obligación de registración, en un Registro Especial, de los contratos para los exportadores de commodities que triangulen las operaciones a través de intermediarios vinculados o domiciliados en una JBNT o JNC. En caso de falta de inscripción del contrato en el Registro, se deberá considerar el precio de cotización del bien a la fecha de embarque (fin de carga).

La solicitud para tramitar un APA debe interponerse ante la AFIP con anterioridad al inicio del ejercicio fiscal en el que se realizarán las transacciones. No se prevé una vigencia temporal de la DCPOI, sino que queda condicionada a que las transacciones se efectúen conforme a los términos expuestos en el acuerdo.

Personas Humanas

Para el caso de personas humanas, el impuesto alcanza, además de las rentas que se encuentran expresamente mencionadas en la ley, a las restantes que sean habituales y que impliquen la permanencia de la fuente productora y su habilitación. Para determinar el impuesto de las personas humanas, en general se aplica sobre el beneficio imponible una escala progresiva que va del 5% al 35%.

También están alcanzadas las siguientes rentas con un impuesto cedular los siguientes beneficios:

a) Intereses por depósitos bancarios
b) Enajenación de:

    • Acciones, valores representativos y certificados de depósitos.
    • Participaciones sociales.
    • Participaciones en fondos comunes de inversión y fideicomisos.
    • Monedas digitales.
    • Títulos, bonos y demás valores.
    • Inmuebles y derechos sobre los mismos.

Para determinar el impuesto cedular sobre estos beneficios, se aplica en general la alícuota del 15%. No obstante, en el caso de tratarse de beneficios obtenidos depósitos bancarios, por títulos, obligaciones negociables, cuotas de fondos comunes de inversión, fideicomisos, bonos y demás valores, emitidos en pesos y sin cláusula de ajuste, se aplicará la alícuota del 5%.

A los efectos de determinar la ganancia imponible, las personas humanas podrán deducir –entre otros- los siguientes conceptos:

a) Gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada.
b) Intereses de deudas, actualización y gastos relacionados, vinculados con bienes que producen ganancias gravadas.
c) Intereses por préstamos obtenidos para la compra o construcción de la casa habitación: hasta $20.000 anuales.

d) Seguros para casos de muerte hasta el importe anual de $12.000 (2019), $18.000 (2020) Y $24.000 a partir del año 2021.
e) Donaciones efectuadas a determinadas entidades exentas hasta el límite del 5% de la ganancia neta.
f) Aportes a fondos de jubilaciones y obras sociales.
g) Gastos por cobertura medico asistencial hasta el límite del 5% de la ganancia neta.
h) Honorarios médicos hasta el límite del 40% de los mismos, o el 5% de la ganancia neta, lo que resulte inferior.

Además, podrán computar las siguientes deducciones personales (montos anuales), hasta el límite de la ganancia imponible del ejercicio (los valores consignados corresponden al año 2019):

i) Mínimo no imponible: $85.848,99.
j) Deducción por cónyuge a cargo: $80.033,97.
k) Deducción por cada hijo menos de 18 años o discapacitado: $40.361,43.
l) Deducción especial: dependiendo del tipo de ganancia oscila entre $171.697,98 y $412.075,15.

Rentas financieras exentas para beneficiarios del exterior

Hay determinadas rentas financieras obtenidas por beneficiarios del exterior que se encuentran exentas del impuesto, en la medida en que tales beneficiarios no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. Se considera que una jurisdicción es no cooperante cuando no exista con Argentina un convenio para evitar la doble imposición o acuerdo de intercambio de información tributaria, o en el caso de existir que el mismo no se aplique en forma efectiva.

Para estos beneficiarios del exterior se encuentran exentas las siguientes rentas:

a) resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones, en la medida en que se trate de operaciones concertadas en mercados de nuestro país autorizados.

b) Intereses y resultados provenientes de la compraventa, cambio, permuta o disposición de:

a) títulos públicos —títulos, bonos, letras y demás obligaciones emitidos por los estados nacionales, provinciales o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—.
b) Obligaciones negociables (artículo 36 de la ley 23.576).
c) Títulos de deuda de fideicomisos financieros constituidos en el país colocados en oferta pública.
d) Cuota partes de renta de fondos comunes de inversión abiertos constituidos en el país (artículo 1° de la ley 24.083) colocados por oferta pública.
e) Valores representativos o certificados de depósitos de acciones emitidos en el exterior, cuando tales acciones fueran emitidas por entidades domiciliadas, establecidas o radicadas en la República Argentina y cuenten con autorización de oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.

 

Retención del impuesto a beneficiarios del exterior

El impuesto que corresponde a las ganancias de fuente argentina obtenidas por los beneficiarios residentes del exterior, que no se encuentre expresamente exentas, están alcanzados por un régimen de retención en la fuente. Para calcular el monto del impuesto a retener, se debe aplicar la tasa que corresponda, sobre un porcentaje de ganancia neta presunta que establece la ley para cada tipo de beneficio.

A continuación exponemos (para las operaciones más usuales) las tasas que deben aplicarse para cada tipo de ganancias, sin perjuicio de las que correspondiera aplicar por la existencia de algún tratado de doble imposición. A tal efecto, se distingue si el beneficiario se encuentra en una jurisdicción cooperante no, dado que las alícuotas del impuesto pueden diferir.

a) Pago de dividendos.

La distribución de dividendos y remesas de utilidades que hagan las sucursales, originados en resultados generados en los 2 primeros ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2018 sufrirán una retención del 7%. La tasa se incrementa al 13% cuando se trate de ganancias obtenidas en ejercicios fiscales posteriores.

b) Ganancia por venta de acciones.

Resultado obtenido en operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuota partes de condominio de fondos comunes de inversión cerrados:

c) Intereses de ciertos títulos.

Los intereses o rendimientos de los siguientes títulos no colocados en oferta pública:

  • Bonos.
  • Obligaciones negociables.
  • Cuotas partes de FCI cerrados.
  • Títulos de deuda de fideicomisos financieros.
  • Letras del B.C.R.A. (LEBACs).

d) Resultado por enajenación de ciertos títulos.

El resultado obtenido por la enajenación de los siguientes instrumentos:

  • Títulos de deuda de fideicomisos financieros no colocados en oferta pública.
  • Cuotas partes de FCI cerrados no colocados en oferta pública.
  • Bonos y obligaciones negociables no colocados en oferta pública.

e) Otros beneficios

Sin perjuicio de la posible aplicación de un Convenio de doble imposición, para determinar el impuesto (por retención) se deberá aplicar sobre el monto del pago las alícuotas que se indican a continuación, las cuales varían según el concepto que corresponda al beneficio.

IVA

Impuesto bajo la órbita de la AFIP, que grava la venta de bienes muebles y servicios. La alícuota general es la del 21%. Ciertos bienes y servicios se ven beneficiados con una alícuota menor, del 10,5% (algunos animales, hacienda y servicios relacionados con el agro) y solo algunos servicios se encuentran gravados al 27%. Se trata de los servicios de electricidad, gas, energía eléctrica, agua y otros, prestados por las empresas proveedoras o prestadoras y que se destinen a domicilios distintos a casa habitación o recreo y a sujetos responsables inscriptos en IVA o Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Las importaciones de bienes y servicios también se encuentran gravadas a la alícuota del 21%, en cambio las exportaciones de bienes y servicios, lo están a la tasa del 0%.

El IVA de las compras de bienes y servicios afectados a bienes o servicios exportados, podrá afectarse contra las ventas de productos o servicios vendidos en el mercado interno o, de resultar un remanente afectarse al pago de otros impuestos o solicitar su devolución. Para estas dos últimas opciones, se requiere cumplir con procedimiento normado por AFIP.

El IVA de la compra de automóviles no puede computarse como crédito de IVA. El mismo tratamiento opera con el IVA de prestaciones de servicios como garajes, hoteles y restaurantes, salvo afectado a conferencias, etc.

Impuesto sobre los bienes personales

Las empresas argentinas deben ingresar este impuesto sobre el valor de las acciones o cuotas sociales que pertenezcan a personas humanas del país o del exterior, o sociedades del exterior. Las sucursales de empresas extranjeras no deben abonar este impuesto, criterio confirmado por CSJN el 16/12/7/2014 en la causa The Bank of Tokio. Los fideicomisos se encuentran obligados al ingreso de este gravamen.

La alícuota es del 0,25% sobre el valor de acciones o cuotas sociales, determinado sobre los Estados Contables al 31 de diciembre de cada año.

Este impuesto debe ser reintegrado por los titulares de las acciones o cuotas sociales a la sociedad.

Este gravamen también debe ser ingresado por las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. Grava los bienes situados en el país y el exterior

con ciertas exenciones especialmente de bienes en el país: depósitos en entidades financieras, plazos fijos y títulos públicos, entre otros. La alícuota vigente para el periodo fiscal 2019 y siguientes, varia conforme al monto total de los bienes gravados. Para dicho periodo fiscal el mínimo no imponible es de $ 2.000.000, y las alícuotas, del 0,25%, 0,5% o 0,75%, dependiendo del monto gravado que exceda el referido mínimo.

Las personas humanas residentes del exterior solo pagan este gravamen sobre los bienes gravados del país (alícuota del 0,25%).

Impuesto sobre los débitos y créditos

Los débitos y créditos en cuentas bancarias se encuentran gravados con este impuesto al 0,6%. Esta alícuota se reduce para algunas actividades.

Los depósitos en bancos y aquellas operaciones que se lleven a cabo como sistema organizado de pagos, para evitar el uso de cuentas bancarias, también se encuentran gravados aunque a la alícuota incrementada del 1,2%.

Este impuesto opera como pago a cuenta del impuesto a las ganancias o, en su caso, de la contribución especial para cooperativas. Actualmente el porcentaje de pago a cuenta resulta el que seguidamente se menciona.

Por medio de la Ley N.º 27.432, articulo 7, se autorizó al Poder Ejecutivo, a que el porcentaje no computable como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, se reduzca en un 20% por año, desde el 1 de enero de 2018, pudiendo establecerse que, en el año 2022, se compute íntegramente contra el pago del impuesto y contribución citado.

Por tal motivo, el cómputo del 34% del impuesto al crédito que podía computarse se convirtió en un 33% del 0,6%, no solo sobre los créditos, sino también sobre los débitos. Cuando los hechos imponibles se encuentran alcanzados a una alícuota menor a las generales, el cómputo como crédito de impuestos, será del 20%.

Las empresas alcanzadas por el Régimen de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas pueden computar un porcentaje de pago a cuenta mayor: un 100% para las micro y pequeñas empresas y un 60% para las medianas empresas industriales tramo 1.

Impuestos internos

Varios productos y algunos servicios se encuentran alcanzados con este impuesto a diferentes tasas. Entre ellos: los cigarrillos, tabacos, bebidas alcohólicas como whisky, cogñac, cervezas, bebidas

analcohólicas, champañas, motocicletas y embarcaciones que superen un monto determinado, aeronaves, productos electrónicos y los seguros.

Incentivos Fiscales

Existe una variada gama de incentivos fiscales orientados a fomentar determinadas actividades, que contemplan beneficios ante los impuestos nacionales. Algunas provincias han establecido

incentivos para determinadas actividades de importancia regional. Se indican a continuación los principales regímenes nacionales vigentes.

Beneficios PYME

Los beneficios dependen de la categoría de la micro, pequeña o mediana empresa establecida por el Ministerio de Producción, según la actividad declarada por la empresa, los montos de las ventas

totales anuales (promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales) o su cantidad de empleados. Res 220/2019.

Para acceder a los mismos la empresa debe registrarse como PyMEs en la AFIP.  Los beneficios impositivos vigentes al año 2019 consisten en: (i) Diferimiento del vencimiento para el pago del IVA a 90 días, (regularmente el vencimiento opera al mes siguiente de haber realizado las operaciones gravadas), (ii) Compensación del 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios para el pago del impuesto a las ganancias y (iii) Exención del pago de los derechos de exportación de servicios.

El régimen también contempla otros beneficios como: obtención de garantías a través de Sociedades de Garantía Recíproca, beneficios por innovación digital (descuentos en adquisición de computadoras, hacer capacitaciones), línea de créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior), entre otros.

  • Economía del conocimiento

Promueve actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, entre otros rubros: software y servicios digitales, producción audiovisual, biotecnología, ingeniería aeroespacial, soluciones de automatización de producción.

Los beneficios consisten en estabilidad fiscal, reducción de contribuciones patronales, bono de crédito fiscal, reducción del impuesto a las ganancias y tax credit por gravámenes análogos retenidos en el exterior.

  • Inversiones en generación con fuentes renovables de energía

Promueve la generación de energía eléctrica de origen renovable para inversiones en proyectos con principio de ejecución hasta el 31.12.17.  Los beneficios consisten en amortización acelerada de bienes de uso, devolución anticipada de IVA para las inversiones, extensión del período de compensació

de quebrantos impositivos a 10 años, certificado de crédito fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales condicionado a la integración de componente nacional de un porcentaje de las instalaciones electromecánicas.

  • Generación distribuible de energía renovable

Se trata de un régimen de fomento a aquellos sujetos que generen energía a partir de fuentes renovables con destino al autoconsumo y a la inyección de eventuales excedentes de energía eléctrica a la red de distribución.

El beneficio promocional destacable consiste en un certificado de crédito fiscal para ser aplicado a la

cancelación de impuestos nacionales, de carácter nominativo e intransferible para ser aplicado al pago de los impuestos nacionales a cargo de los beneficiarios.  También se otorga la amortización acelerada de bienes de uso para el cálculo del impuesto a las ganancias y la devolución anticipada del IVA sobre las inversiones realizadas.

  • Fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones

Es un beneficio para las ventas de bienes nuevos, de producción nacional (identificados en la norma), que se utilicen en actividades económicas en el territorio argentino, que consiste en la percepción de un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. El bono es nominativo y puede cederse a terceros una única vez.

Para las ventas efectuadas en 2019, el bono es equivalente al 50% del valor que resulte de la sumatoria de dos componentes: el 6% del precio de venta neto de insumos importados con derecho de importación 0% y el 8% del precio de venta neto de insumos importados con derecho de importación mayor a 0%.

En caso de empresas MiPyME el beneficio se eleva al 60% de la sumatoria de los componentes enunciados.

El beneficio puede incrementarse en la medida que los beneficiarios acrediten la realización de inversiones destinadas a la mejora de la productividad, la calidad y la innovación en procesos y productos.

  • Construcción de viviendas sociales

Se establece la exención del IVA para las obras destinadas a vivienda social, incluyendo las obras de infraestructura complementaria de barrios destinados a tales viviendas. Las viviendas son las destinadas a sectores de ingresos medios y bajos.

El beneficio comprende la exención del IVA generado por la venta de las viviendas y por la ejecución de su construcción, disponiendo además,

el cómputo del crédito fiscal que les hubiera sido facturado por la compra o importación de bienes así como prestación de servicios que hayan destinado a los trabajos u obras de las viviendas y, además,  en caso de remanente, la posibilidad de solicitar la acreditación, devolución o compensación del impuesto pagado por los insumos, de modo de asegurar la eliminación de la carga fiscal de ese gravamen.

  • Régimen de promoción Isla de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud

Establece beneficios fiscales y aduaneros para las actividades económicas realizadas en la provincia más austral del país y para las personas que residan en ella. Se crea un Área Aduanera Especial (AAE) y

una Zona Franca para delinear el alcance de las exenciones y los procedimientos para la aplicación de los beneficios en relación a los bienes producidos en el AAE que se destinen al territorio continental.

  • Actividad minera. Actividad forestal

En ambos casos se concede el beneficio de “estabilidad fiscal”, en virtud del cual las empresas no podrán ver afectada en más su carga tributaria total considerada por jurisdicción y por emprendimiento por el término de 30 años (extendible a 50 años en el caso de la actividad forestal). Abarca impuestos de tipo directo, tasas, contribuciones impositivas y derechos de importación y exportación.

La forma, plazos y condiciones para obtener la devolución debe ser aún reglamentada por la AFIP.

  • Saldo a favor de IVA por Inversiones en bienes de uso -excepto automóviles-

La Ley Nº 27.430 (BO 29.12.2017) introdujo un mecanismo permanente de devolución del IVA originado en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación de bienes de uso, para favorecer inversiones efectuadas a partir del 1 de enero de 2018.

La devolución resultará procedente siempre que el IVA de tales inversiones hubiere formado parte del saldo a favor de la declaración jurada del contribuyente luego de 6 periodos fiscales (6 meses) consecutivos desde el mes en el que fue computado ese IVA. Es decir, después de haber transcurrido 6 meses desde la incorporación del bien, sin que hubiera sido posible la absorción del crédito fiscal generado por su compra luego de computar los débitos fiscales y demás créditos fiscales correspondientes a ese período.

Las sumas percibidas con motivo de la devolución serán definitivas y no deberán devolverse siempre que transcurridos 60 periodos fiscales, tales sumas resulten coincidentes con los importes efectivamente ingresados resultantes de las diferencias entre débitos y créditos fiscales de IVA, respecto de operaciones gravadas en el mercado interno establecieron normas internas propias para gravar con este impuesto, las ventas y servicios ocurridos en ellas. Las exportaciones de bienes y servicios, en general, no están gravadas.

6.2. Impuestos provinciales

Impuesto sobre los ingresos brutos

Es un impuesto local. Cada una de las 23 provincias argentinas y Tierra del Fuego establecieron normas internas propias para gravar con este impuesto, la

ventas y servicios ocurridos en ellas. Las exportaciones de bienes y servicios, en general, no están gravadas.

Impuesto de sellos

Se trata de un impuesto local, como el gravamen mencionado en el punto anterior.  Este impuesto grava los actos jurídicos onerosos instrumentados

operaciones monetarias registradas en entidades financieras que representan entrega o recepción de dinero y devenguen intereses.

6.3. Tributos municipales

Tasas municipales

Los municipios financian gran parte del presupuesto municipal mediante las tasas, derechos y contribuciones. Las tasas varían según cada municipio. Las más significativas son por habilitación; seguridad e higiene; alumbrado, barrido y limpieza; patentes; conservación de vía pública y mantenimiento vial; emplazamiento y verificación de antenas; derechos de publicidad y propaganda, entre otros.  En los últimos años se ha llegado a un

Los municipios financian gran parte del presupuesto municipal mediante las tasas, derechos y contribuciones. Las tasas varían según cada municipio. Las más significativas son por habilitación; seguridad e higiene; alumbrado, barrido y limpieza; patentes; conservación de vía pública y mantenimiento vial; emplazamiento y verificación de antenas; derechos de publicidad y propaganda, entre otros.  En los últimos años se ha llegado a un proceso de desnaturalización de las tasas, en muchos casos, por la deficiente o nula prestación de los servicios, como también por los montos desproporcionados e irrazonables que se aplican. Esta situación ha ido transformando a las tasas en verdaderos impuestos, incompatibles con la antes referida prohibición de analogía establecida en las leyes de coparticipación federal y provinciales.

7. Tratados internacionales

Argentina firmó Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional con los siguientes países: Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Turquía, Rusia, Sucia y Suiza.

Cuenta con acuerdos aduaneros e instrumentos internacionales y de seguridad social firmados con varios países.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para acceder a información por operaciones o situaciones en otra jurisdicción se basa en tres marcos normativos:

-Los Acuerdos de Intercambio de Información bilaterales que ha suscripto con una serie de países de baja o nula tributación (ej. San Marino, Bermudas, Bahamas, entre otras).

– La Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en el marco de la OCDE que le permite el intercambio de información con otros países firmantes.

-Los Convenios para Evitar la doble imposición.

En todos los casos se contempla la entrega de información a “solicitud” y ”espontánea”.

Profesionales especialistas

Gabriela Clerc
Socia
Gabriela.clerc@gsrc.com.ar
Andrés Saladino
Socio
Andres.saladino@gsrc.com.ar
Felix Rolando
Socio
felix.rolando@gsrc.com.ar