Tax Memo

Impuesto a las Ganancias: venta indirecta de títulos valores y exención del resultado de venta de títulos valores con cotización

Félix J. Rolando

A través del Decreto N° 1170/2018 (B.O. 27/12/18) se modifica sustancialmente la reglamentación del impuesto a las ganancias (aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 1.344/98), con el objetivo de incorporar casi un año después los aspectos sustanciales modificados en el impuesto por la reforma dispuesta por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017).

Analizaremos a continuación los aspectos incorporados en la mencionada reglamentación que tienen relación con la renta financiera.

1 Enajenación indirecta de bienes ubicados en el territorio nacional

Relacionado también con el tema de la fuente, a través de la incorporación de un nuevo artículo sin número agregado a continuación del 13 de la ley del gravamen, se creó una nueva figura cuyo objetivo es alcanzar como rentas de fuente argentina, las obtenidas en forma indirecta, al enajenar las acciones de una sociedad del exterior que resulte titular de los bienes ubicados en el exterior. Se trata de una figura que intenta evitar las posibles elusiones del gravamen, al producirse en cierta forma la enajenación “indirecta” de los bienes ubicados en el país, a través de la transferencia de las acciones de las sociedades titulares de dichos bienes.

El mencionado artículo establece que se consideran ganancias de fuente argentina las obtenidas por sujetos no residentes en el país provenientes de la enajenación de acciones, cuotas, participaciones sociales, Títulos convertibles en acciones o derechos sociales, o cualquier otro derecho representativo del capital o patrimonio de una persona jurídica, fondo, fideicomiso o figura equivalente, establecimiento permanente, patrimonio de afectación o cualquier otra entidad, que se encuentre constituida, domiciliada o ubicada en el exterior, cuando se cumplan (concurrentemente) las siguientes condiciones:

Condición 1: El valor de mercado de las acciones o participaciones de la entidad del exterior que se enajenan, al momento de la venta o en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, provenga al menos en un 30% del valor de uno o más de los siguientes bienes (cuya propiedad la sociedad del exterior ostenta en forma directa o indirecta):

(i) acciones, derechos, cuotas u otros Títulos de participación en la propiedad, control o utilidades de una sociedad, fondo, fideicomiso u otra entidad constituida en nuestro país;

(ii) establecimientos permanentes en nuestro país pertenecientes a una persona o entidad no residente en el país; u

(iii) otros bienes de cualquier naturaleza situados en la República Argentina o derechos sobre ellos.

A estos efectos, se establece que  los bienes del país deberán ser valuados conforme su valor corriente en plaza.

A través del primer artículo sin número incorporado a continuación del artículo 10 del decreto reglamentario, se establece que el valor corriente en plaza deberá determinarse de acuerdo con la disposiciones contenidas en el tercer párrafo del artículo 7° de dicho reglamento (nuevo párrafo sustituido). El nuevo párrafo establece entonces que para la valuación se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Inmuebles: no podrá ser inferior al valor que surja de la constancia emitida por un corredor público u otro profesional matriculado cuyo título lo habilita a emitirla, pudiendo suplirse por la elaborada por una entidad bancaria perteneciente al Estado Nacional, Provincial o de la C.A.B.A.

b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: el valor que informe un tasador que cumpla con los recaudos que establezca la A.F.I.P.

c) Acciones y demás títulos y contratos que coticen en bolsas o mercados de valores: su valor de cotización.

d) Acciones que no coticen, incluidas las acciones de sociedades anónimas unipersonales (S.A.U.)y acciones de sociedades anónimas simplificadas (S.A.S.): la valuación que determine un profesional independiente que cumpla con los recaudos que fije la A.F.I.P.

e) Moneda extranjera: al valor de cotización tipo comprador del B.N.A.

f) Objetos de arte o colección y antigüedades (que clasifiquen en el Capítulo 97 de la Nomenclatura Común del Mercosur) y joyas elaboradas preponderantemente con metales preciosos, perlas o piedras preciosas: al valor que informe el tasador qye cumpla con los recaudos que establezca la A.F.I.P.

g) Otros bienes: del valor que surja de las disposiciones del artículo 22 de la Ley 23.966 (Impuesto sobre los Bienes Personales).

Condición 2: Las acciones, participaciones, cuotas, Títulos o derechos enajenados —por sí o conjuntamente con entidades sobre las que posea control o vinculación, con el cónyuge, con el conviviente o con otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco, en línea ascendente, descendente o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado inclusive- representen, al momento de la venta o en cualquiera de los 12 meses anteriores al de la enajenación, al menos el 10% del patrimonio de la entidad del exterior que directa o indirectamente posee los bienes que se indican en el inciso precedente.

La ganancia de fuente argentina a la que hace mención en esta norma, es la correspondiente a la enajenación de acciones y participaciones sociales en general, a la que se hace referencia en el cuarto artículo sin número agregado a continuación del artículo 90 pero únicamente en la proporción a la participación de los bienes en el país en el valor de las acciones enajenadas.

Sin embargo, se establece expresamente que esta figura no resultará de aplicación cuando se demuestre fehacientemente que se trata de transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico y se cumplan los requisitos que a tal efecto determine la reglamentación.

Al respecto, en el según artículo sin número incorporado a continuación del 10 del decreto reglamentario, se entiende que la transferencia se realiza dentro de un conjunto económico cuando:

a) el o los enajenantes de las acciones participen en conjunto, directa o indirectamente, en el 80% o más del capital social de la adquirente, o viceversa.

b) Una o más entidades participen en conjunto, directa o indirectamente, en el 80% o más del capital social tanto de la entidad enajenante como de la adquirente.

A estos efectos, las participaciones mencionadas (80% o más) deberá acreditarse durante, por lo menos, los 2 años inmediatos anteriores a la fecha en que se lleve a cabo la transferencia.

S bien las enajenaciones dentro del mismo conjunto económico no les resulta aplicable esta nueva figura (veta indirecta de bienes de fuente extranjera), el nuevo artículo sin número a continuación del 10 del decreto reglamentario (tercer párrafo) contempla que, si se llegara a producir una enajenación posterior a un tercero, el costo de adquisición que deberá computarse a los efectos de determinar el correspondiente resultado es el que hubiera computado el adquirente original de las acciones que se transfirieron dentro del conjunto económico.

Por último, el mismo reglamento establece que no resultan excluidas de este tratamiento (o sea que se considerará la figura de venta indirecta de bienes de fuente argentina) aquellas enajenaciones que se realicen dentro del conjunto económico con el propósito o principal objetivo de obtener un tratamiento fiscal más favorable que el que hubiera correspondido de no haberse realizado esa transferencia dentro del conjunto económico, incluyendo a esos efectos el tratamiento fiscal resultante de considerar las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición que haya suscripto nuestro país.

Recordamos que, respecto a la vigencia de esta nueva figura, se establece en el inciso  b) del artículo 86 de la Ley Nº 27.430 que estarán alcanzadas con el impuesto aplicando esta nueva figura, siempre y cuando las acciones o participaciones societarias motivos de la enajenación se hayan adquirido a partir del 1/1/2018.

2. Exención del resultado de venta de títulos valores con cotización

2.1 Rescate de cuotas de fondos comunes de inversión

A través del inciso w) del artículo 20 de la ley se eximen del impuesto los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta   o disposición   de acciones, valores representativos   de acciones y certificados de depósito de acciones, obtenidos por personas humanas residentes y sucesiones   indivisas   radicadas   en   el   país, siempre   que   esas operaciones no resulten atribuibles a empresas unipersonales ni auxiliares de comercio, en la medida en que, en forma concurrente o alternada:

a) Se trate de una colocación por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).

b) Las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autorizados por la C.N.V. bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas.

c) Las operaciones sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizados por la C.N.V.

En forma expresa, la ley establece que la exención será también aplicable a las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos[1], en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que determine la reglamentación.

En ese sentido, a través del artículo 42 del decreto reglamentario, se precisa que la exención es aplicable a las operaciones de rescate de cuotapartes de fondos comunes de inversión, y alcanza a las ganancias que tengan por objeto la distribución de utilidades (excepto la parte que esté integrada por los dividendos gravados por el artículo 46 de la ley) y siempre que, como mínimo, el 75% de las inversiones del fondo esté compuesto por acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, que cumplan con las condiciones establecidas en el segundo párrafo del inciso w), mencionadas precedentemente en los apartados a) a c). De no cumplirse con esta condición la ganancia se encontrará alcanzada con el impuesto cedular correspondiente, de conformidad con la moneda y cláusula de ajuste en que se hubiera emitido la cuota parte.

Respecto a la exigencia del 75%, se establece expresamente que si se produjera una modificación en la composición de los activos del fondo por debajo de dicho porcentaje durante un período de 30 días (continuo o discontinuo) en un año calendario (de enero a diciembre) la exención no será procedente. Ello significa que para gozar de la exención, la composición debiera mantenerse al menos en un 75% durante todo el año calendario, admitiendo que la misma se encuentre por debajo de dicho umbral durante un período (continuo o no) que no exceda los 30 días.

Por último, el nuevo artículo 42 del decreto reglamentario establece que tanto la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) como la A.F.I.P. dictarán las normas complementarias (en el marco de sus competencias)  a los fines de fiscalizar el beneficio y fijarán el procedimiento para determinar la proporción correspondiente.

En resumen, el esquema del beneficio es el siguiente:

[1] Fondos previstos en el primer párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083.

2.2. Conversión de valores

A través del primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 42 del decreto reglamentario se establecen los efectos de la conversión de títulos.

En efecto, se establece que  cuando las personas humanas y las sucesiones indivisas radicadas en el país lleven a cabo un proceso de conversión mediante el cual dejen de ser titulares de valores representativos de acciones o certificados de depósitos de acciones, que no cumplen con las condiciones previstas en el segundo párrafo del inciso w) del artículo 20 para que se aplique la exención, y pasen a ser titulares de las acciones subyacentes que sí cumplan con dichos requisitos, el proceso implicará  una transferencia gravada de los valores representativos o certificados de depósitos respectivos, al valor de plaza a la fecha de su conversión en acciones.

El mismo tratamiento resultará aplicable cuando se lleve a cabo un proceso de reconversión de acciones que no cumplen los requisitos establecidos mencionados, y pasen a ser valores representativos de acciones o certificados de depósitos de acciones a los que aplicara la exención prevista.

El tratamiento descripto en el cuadro precedente (conforme a lo previsto en el segundo artículo sin número a continuación del 42 del decreto reglamentario) se aplica también  en aquellas operaciones en las que un beneficiario del exterior lleve a cabo un proceso de conversión mediante el cual deje de ser titular de acciones que no cumplen con los requisitos mencionados, y pase a serlo de valores representativos de acciones y certificados de depósitos de acciones, emitidos en el exterior, cuando las acciones subyacentes fueran emitidas por entidades domiciliadas o radicadas en nuestro país y cuentes con autorización de oferta pública por la C.N.V. (apartado iii) del cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley).

En los casos señalados precedentemente, se concluye en considerar que las operaciones de conversión constituyen una transferencia gravada. No obstante, a través del tercer artículo sin número agregado a continuación del artículo 43 del decreto reglamentario, expresamente se establece que el canje que efectúen las entidades emisoras de sus propias acciones, cumpliendo con los requisitos que al respecto establece la C.N.V., goza de la exención por considerar que ha sido efectuado “a través de una oferta pública de adquisición y/o canje autorizado por la C.N.V.” (Condición prevista en el punto © del segundo párrafo del inciso w) del artículo 20 de la ley).

2.3. Beneficiarios del exterior y jurisdicciones “no cooperantes”

Los beneficios de exención previstos en el cuarto párrafo del inciso w) del artículo 20 para los beneficiarios del exterior, están condicionados a que los mismos no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de dichas jurisdicciones.

A través del cuarto artículo sin número agregado a continuación del artículo 42 del decreto reglamentario, se establece que a los efectos de obtener el beneficio, los beneficiarios del exterior no sólo cuando los mismos residen en jurisdicciones que no sean consideradas “no cooperantes”, sino además, que los fondos invertidos no provengan de dichas jurisdicciones. O sea que el reglamento exige para la aplicación del beneficio, el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos:

a) Que los inversores o depositantes revistan el carácter de beneficiarios del exterior.
b) Que los mismos residan en jurisdicciones que no sean consideradas “no cooperantes”.
c) Que los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones que sean consideradas “no cooperantes”.

De no verificarse en forma concurrente estos requisitos los resultados respectivos se encontrarán alcanzados por el impuesto.

Por último, el decreto reglamentario también precisa, en el quinto artículo sin número a continuación del 42, que las exenciones establecidas en el inciso w) del artículo 20 de la ley (en su cuarto párrafo) para beneficiarios del exterior, no incluyen a los dividendos a que se refieren los artículos 46 (y las presunciones previstas en el artículo agregado sin número a continuación del mismo) que distribuyan a través de valores representativos o certificados de depósitos de acciones emitidos en el exterior, cuando las acciones (subyacentes) sean emitidas por sociedades domiciliadas, establecidas o radicadas en nuestro país. En suma, los dividendos distribuidos por sociedades argentinas siempre estarán alcanzados por el impuesto cedular previsto en el tercer artículo agregado a continuación del 90, sin importar el carácter del beneficiario de los mismos.

 

Para mayor información, puede contactarse con:

Félix Rolandofelix.rolando@gsrc.com.ar