Por medio de la Resolución General 11/20, emitida en fecha 26/03/2020, con vigencia a partir del día 27/03/2020, la Inspección General de Justicia ha favorecido la celebración de reuniones a distancia de los órganos de administración y de gobierno de todas las sociedades y asociaciones civiles bajo su órbita de competencia, en consonancia con lo previsto en los arts. 2 y 150 del Código Civil y Comercial de la Nación, estableciéndose una serie de formalidades en miras a la validez de dichos actos, los cuales se detallan a continuación:

  1. La libre accesibilidad de todos los participantes de las reuniones.
  2. La posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video.
  3. La participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso.
  4. Que la reunión sea grabada en soporte digital.
  5. Que el representante conserve una copia en soporte digital por un plazo de 5 años, que debe encontrarse a disposición del socio que así lo solicite.
  6. Que la reunión celebrada sea transcripta al libro social respectivo, con expresa constancia de los participantes y suscripta por el representante legal.
  7. Que la convocatoria y su comunicación sea informada de forma clara y sencilla, con la indicación del medio de comunicación elegido y su modo de acceso.

Este medio de celebración de reuniones a distancia debe encontrarse previsto en el estatuto o contrato social, ya sea al momento de la inscripción registral de su constitución o mediante reformas posteriores del instrumento constitutivo.

Específicamente, con relación a las asociaciones civiles, además, se establece la posibilidad de que el estatuto incluya dentro de sus cláusulas admisibles el voto por correo para el acto eleccionario, cuando el asociado se encuentre fuera de la jurisdicción, y la utilización del correo electrónico para convocar a reuniones de comisión directiva, consejo de administración y asambleas.

Atento la emergencia sanitaria de público conocimiento, Inspección General de Justicia ha resuelto autorizar el empleo de las modalidades a distancia, aun cuando no se encuentren previstas en el estatuto o contrato social, siempre que se observen los recaudos formales detallados anteriormente. Tal facultad sólo será posible durante el período de aislamiento obligatorio ordenado por el Poder Ejecutivo Nacional.